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EL
TERRORISMO Y LA SOCIEDAD CIVIL COMO INSTRUMENTOS DE
LA POLÍTICA DE EE.UU. HACIA CUBA (V y final)
¿Quiénes eran los
sancionados?
POR PHILIP AGEE
EL secuestro del
ferry del puerto de La Habana, el Baraguá, no
podría haber ocurrido en un peor momento. Fue el
7º secuestro en 7 meses y ocurrió el 2 de abril,
un día antes del comienzo de los juicios de los
disidentes, facilitando la tarea de los enemigos de
Cuba, y de no pocos de sus amigos, de asociar los
dos eventos dispares en una sola “ola de
represión”.
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El secuestro
de la lancha
Baraguá, con unas 50 personas
a bordo incluyendo niños y
turistas extranjeros, parecía
constituir el comienzo de una ola
de hechos similares alentados
por la Ley de Ajuste Cubano.
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El ferry no era
más que una barcaza autopropulsada de bajo calado,
con una cabina, segura sólo para las aguas calmas
del puerto, y esa noche había a bordo unas 50
personas, incluyendo niños y turistas extranjeros.
Los secuestradores armados la llevaron a alta mar
con un peligrosísimo viento de fuerza 4, se les
acabó el combustible, y amenazaron por radio con
comenzar a echar a sus rehenes al agua si no se les
daba suficiente combustible para llegar a la
Florida. Lo extraordinario es cómo los guardacostas
cubanos convencieron a los secuestradores para que
aceptaran que se remolcara al ferry, que iba a la
deriva, al puerto de Mariel, donde las fuerzas
especiales montaron una trampa y los buzos se
prepararon para el rescate. Después de muchas horas
de enfrentamiento, todo terminó en menos de un
minuto cuando una francesa repentinamente se lanzó
al agua seguida masivamente por los demás rehenes y
los secuestradores. Los rehenes fueron todos
rescatados y los secuestradores fueron rápidamente
detenidos.
En el juicio, el
Estado solicitó, y obtuvo, la pena de muerte para
los tres cabecillas del secuestro, decisión
confirmada por una Corte de Apelaciones, porque se
trataba de un acto terrorista de extrema gravedad,
aunque nadie fue herido. Luego, el Consejo de Estado
tenía que ratificar o conmutar la pena. ¿Debía
Cuba terminar su moratoria de casi tres años de
ejecuciones? ¿Debían provocar la condena del
movimiento mundial contra la pena de muerte?
¿Debían demorar su decisión y dejar a esos
individuos esperando en el corredor de la muerte
durante un tiempo, no de 15 a 20 años como en
EE.UU., sino por lo menos unas pocas semanas para no
demostrar demasiada prisa? ¿O debían conmutar a
prisión perpetua y mostrar clemencia?
Francamente, por
oponerme a la pena de muerte, pensé que una
combinación de las últimas dos alternativas sería
lo mejor: esperar y conmutar. Pero yo no sabía que
en ese momento las fuerzas de seguridad cubanas
estaban investigando otros 29 complots de
secuestros. Desde el punto de vista del Consejo de
Estado seguramente parecía constituir el comienzo
de una ola de secuestros, alentados como siempre por
la Ley de Ajuste Cubano de 1966 y la política que
discrimina contra todos los inmigrantes ilegales no
cubanos. Particularmente insultante para Cuba es el
tratamiento de héroes que han recibido los
secuestradores en Florida y el hecho de que si un
piloto lleva allí intencionalmente un avión y
pasajeros, no es considerado como secuestrador y no
es culpable de otra cosa que malversación de
propiedad.
Si hay un principio
al que Cuba siempre se ha adherido, por lo menos
desde la crisis de los misiles de 1962, es el de no
dar jamás a EE.UU. un pretexto para la acción
militar. Otro éxodo de Mariel o una crisis de
balseros, podría Cuba evitarlos. Pero una ola de
secuestros constituiría precisamente un pretexto
semejante, como razonó Fidel más adelante, para
imponer un bloqueo naval de EE.UU., una campaña
generalizada de bombardeos, y una invasión directa.
Tenían que detener de inmediato los secuestros, y
tenía razón. El 25 de abril, el Jefe del Buró
Cubano del Departamento de Estado informó al Jefe
de la Sección de Intereses de Cuba en Washington,
que Estados Unidos considera que cualquier nuevo
secuestro constituiría una amenaza seria a la
seguridad nacional de EE.UU. Entender que “uno
más y tomamos una acción militar” no sería
paranoia.
Pero el Consejo de
Estado no tuvo que esperar esas noticias. Ya lo
sabía. Ratificó las sentencias el 10 de abril, y
fueron llevados a cabo a la mañana siguiente. Se
puede encontrar defectos en la decisión cubana por
el principio de “no a la pena de muerte bajo
cualquier circunstancia”, pero el hecho es que
Cuba es uno de los más de 100 países que la
contemplan en su Legislación. Acababan de ver lo
que las bombas y misiles de EE.UU. habían hecho con
Bagdad, vieron que el meticuloso trabajo de dos
generaciones de cubanos estaba en peligro,
incluyendo sus centros de ciencia y tecnología, sus
instituciones educacionales, hospitales y clínicas,
su patrimonio cultural histórico, pero lo más
importante era que miles de cubanos serían muertos
o lisiados. Y no confundieron a los secuestradores
con los disidentes. Eran delincuentes que se habían
convertido en terroristas y que habían amenazado
muchísimo más que a sus 50 rehenes.
No fue ninguna
sorpresa para Cuba cuando, al ocurrir las
ejecuciones y la condena de los disidentes casi al
mismo tiempo, se desató el huracán en todo el
mundo. Parecían estar preparados hasta cierto
punto, pero se pudo sentir un cierto impacto cuando
antiguos amigos de la Revolución, como Eduardo
Galeano y José Saramago, se unieron al coro de
condena. Se les agregaron Chomsky, Zinn, Albert,
Davis, Dorfman, y otros, cuyas obras son tesoros en
mi biblioteca, que firmaron la superficial
declaración del grupo estadounidense Campaña por
la Paz y la Democracia: “Nosotros los abajo
firmantes protestamos enérgicamente contra la
actual ola de represión en Cuba… (contra los
disidentes)… por sus actividades políticas no
violentas…” Como si los disidentes no fuesen lo
mismo que terrorismo, embargo, y guerra psicológica
como instrumentos de la interminable campaña de
Washington para convertir a Cuba en otro vasallo de
EE.UU. Si eso es lo que quieren para Cuba, allá
ellos. Pero fue una lástima que hayan firmado sin
pensar.
Unas pocas semanas
después de las ejecuciones y los juicios de los
disidentes, en la concentración del 1° de Mayo de
más de un millón de personas en la Plaza de la
Revolución en La Habana, el reverendo Lucius
Walker, uno de los activistas más efectivos y
dedicados de la solidaridad con Cuba en EE.UU., hizo
un elegante llamado para que Cuba aboliera la pena
de muerte. Fidel respondió con aprecio, diciendo
sólo que se estaba estudiando una posibilidad
futura. Pero menos de 3 semanas más tarde, otro
grupo de 8 secuestradores armados, detenidos antes
de que se apoderaran de un avión el 10 de abril,
fueron juzgados y sentenciados. A pesar de su
condena por terrorismo y violencia, los cabecillas
fueron sentenciados a cadena perpetua y a los demás
entre 20 y 30 años.
Los lectores
notarán que no hemos considerado el importante
aspecto legal y de derechos humanos del debido
proceso en estas páginas. Entre las críticas,
tanto del caso de los disidentes como del de los
secuestradores, hubo imputaciones de que los
acusados fueron condenados injustamente, sin darles
la oportunidad de una defensa legal adecuada. El
problema al confrontar este aspecto no ha sido
facilitado por la falta de información publicada
sobre los procesos. Por ejemplo, no he encontrado
una cronología pública en ninguno de los 75 casos
desde el momento del arresto hasta la apertura del
proceso, que incluya fechas y horas para eventos
como el arresto, la presentación de acusaciones, y
las sesiones habidas por el acusado con un abogado
defensor de preparación para el juicio. Tampoco han
sido publicadas las acusaciones escritas ni la
respuesta de los acusados y sus declaraciones, ni
las decisiones de los jueces, con la excepción de
las sentencias. Esta falta de información impide la
evaluación del debido proceso.
Sin embargo, el
Ministro de Relaciones Exteriores se esforzó por
tratar esas críticas en su conferencia de prensa de
más de tres horas el 7 de abril, subrayando los
orígenes en la colonia española de los
procedimientos del juicio sumario y su amplio uso en
el mundo actual. También dijo que en los 29 juicios
(algunos procesos tuvieron más de un acusado)
participaron 54 abogados, de los cuales 44 fueron
escogidos por los acusados y 10 nombrados como
defensores públicos por los tribunales, agregando
que varios abogados defendieron a más de un
acusado. Lo más importante es que dijo que los
acusados pudieron testimoniar ante el tribunal,
respondiendo a las acusaciones y participando en las
preguntas. Recalcó la cantidad de personas que
pudieron asistir a los juicios, sobre todo
familiares, con un promedio de 100 observadores por
juicio. A pesar de ello, la falta de información
completa sobre los procedimientos de la acusación y
del juicio ha dejado la puerta abierta para las
acusaciones de falta de un proceso debido,
acusaciones que no podrán ser aclaradas hasta que
los tribunales suministren más detalles.
EPILOGO
En Washington, a
pesar del ojo morado que piensan que Cuba se ha
dado, los partidarios en el Congreso de la
Legislación para terminar o aligerar el embargo y
abolir la prohibición de viajes se están
movilizando nuevamente con la introducción de una
nueva legislación con ese fin. Aunque la mayoría
condenó los sucesos de abril, se están ateniendo a
sus principios, sobre todo en la creencia de que los
estadounidenses que vayan a Cuba van a cambiar a los
cubanos. A través de los años he visto que ocurre
exactamente lo contrario, pero el fin de la
prohibición de viajar es ciertamente valioso, sea
cual fuere la razón.
La Administración
Bush, llena como está de cubano-estadounidenses de
la línea dura, continúa aumentando la presión con
la expulsión de 14 diplomáticos cubanos en
Washington y Nueva York por vagas acusaciones de
espionaje. Evidentemente es una decisión política,
no de seguridad nacional: alguien en el FBI dejó
filtrar la información de que la Casa Blanca parece
haber dicho al Departamento de Estado que expulse a
cubanos, y que el Departamento de Estado le pidió
algunos nombres al FBI. La fuente del FBI agregó
que ninguno de los cubanos había sido objeto de una
investigación actual por espionaje. A la inversa,
los representantes cubano-estadounidenses de Miami
en el Congreso, Ros-Lehtinen y Díaz-Balart, se
quejan abiertamente de que Bush no atiende sus
llamados exigiendo un rápido fin del problema de
Cuba de una vez por todas.
En Miami, todas
esas ONGs que están chupando las tetillas de AID y
de la NED para mantener funcionando su industria
anticubana, junto con su confortable modo de vida,
tendrán que volver a sus ordenadores y preparar
nuevos planes para la Sociedad Civil en Cuba.
Tendrán que buscar la manera de salvar sus frentes
equivalentes en la Isla y más cubanos con pocos
escrúpulos y suficientes instintos autodestructivos
como para aceptar su dinero.
Aquí en La Habana,
James Cason haría bien si se fuera disimuladamente
para consultas, de vuelta al Departamento de Estado,
y se jubilara silenciosamente. Después de todo,
llevó a que 75 de “nuestros muchachos” fueran
encerrados, algunos por bastante tiempo, y todo el
dividendo propagandístico que resultó de su
servicio a Reich no compensa de ninguna manera este
hecho. Está liquidado en el Servicio Exterior,
aunque estaba realizando las órdenes de Reich,
porque Cason, no Reich, es el que va a pagar el
precio. Pero, claro, podría ser que encontrara una
jugosa nueva carrera anticubana con una de las ONGs
de Miami.
En la Sección de
Intereses de EE.UU., los funcionarios del
Departamento de Estado, de AID y de la CIA tendrán
que comenzar ahora la búsqueda de sangre fresca,
enviando nombres y antecedentes para aprobación de
seguridad sobre personas dispuestas a trabajar con
las ONGs de Miami siguiendo los pasos de los 75, y
el servicio de la seguridad cubana seguramente les
ayudará con candidatos prometedores, como siempre
lo ha hecho en el pasado.
¿Y NOSOTROS?
La amenaza de
guerra contra Cuba por parte de Bush y su círculo
de cruzados, todos ellos enloquecidos de
pretensiones después de Iraq, es real. Una campaña
militar contra Cuba, coincidiendo con la campaña
electoral del 2004, ya iniciada, puede ser el único
camino por el que Bush puede esperar que sea por fin
elegido, aunque sólo sea para su segundo período.
Y cada día que pasa la economía trabaja en su
contra, sin indicios de que vaya a mejorar para el
2004. Sabe que la economía arruinó la campaña de
reelección de su padre en 1992, y bien puede llegar
a la conclusión de que el logro de su misión
divina de extender el control militar de EE.UU. al
mundo entero requerirá una crisis muy cerca de
casa.
El momento de
movilizarse contra esa guerra es ahora, y no se
puede perder un solo día.
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